Los Ayuntamientos somos las entidades territoriales más próximas a los ciudadanos. La Ley de Bases de Régimen Local y la normativa al respecto establece la organización territorial y nos define como “entidades básicas de la organización territorial del estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos”…
La democracia española es una democracia joven aún y necesita de los retoques necesarios para ir ajustando su funcionamiento a la realidad de lo que ocurre.
Y ocurre que en estos algo más de treinta años de democracia la financiación de los Ayuntamientos, la financiación de lo local, continúa sin resolverse.
Los porcentajes de transferencia y de gestión de los recursos económicos en la escala territorial (Administración Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) pactados hace años no han funcionado.
La política local que desarrollamos en la mayoría de los Ayuntamientos de España (no importa el color político) se circunscribe a la gestión de los recursos que manejamos. Recursos que provienen de los impuestos, tasas y precios públicos; de las transferencias de recursos de la Administración Central y de las convocatorias de las Comunidades Autónomas.
Es precisamente la indefinición en la participación de los presupuestos de las Comunidades Autónomas y en la transferencia de recursos, la que nos impide poder planificar y prever la gestión con la lógica y con la coherencia con la que tendríamos que hacerla.
La participación de los Ayuntamientos en la distribución de los recursos de las Comunidades Autónomas debería ser clara y transparente, con indicadores objetivables relacionados con la población, con el territorio, con la ruralidad o con cualquier otro indicador que no se preste a confusión, interpretación o arbitrariedad.
Además, en estos años de democracia, los Ayuntamientos hemos ido cayendo poco a poco en una trampa territorial perfectamente ideada por las Comunidades Autónomas, que nos tiene atrapados en una tela de araña de la que es imposible de escapar.
En este tiempo hemos ido asumiendo servicios y competencias que no eran nuestros, que se financiaban con las convocatorias anuales y los recursos de las Comunidades Autónomas, que derivaron en consolidación de personal adscrito a esos servicios y que en este momento de recortes van a acabar asfixiando (literalmente) a los Ayuntamientos.
Ahora más que nunca, por la coyuntura económica que vivimos y porque ha quedado en evidencia que el sistema de transferencia de recursos de las Comunidades Autónomas a los Ayuntamientos hace aguas, es preciso que nos pongamos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo.
Los Ayuntamientos necesitamos un sistema de financiación claro y transparente urgentemente.
Un sistema de financiación que nos permita planificar la gestión y nos ayude a tomar las decisiones que tengamos que tomar con los recursos económicos reales con los que contamos.
Y para ello, necesitamos clarificar cuanto antes cómo vamos a participar, con toda la transparencia, de la transferencia de recursos de las Comunidades Autónomas.
Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana
(Ciudad Real)
