El Plan de Pago a proveedores establecido por el Gobierno de España es una medida injusta para los Ayuntamientos.
Pretende en primer lugar que los municipios seamos los paganos de la ineficacia en la gestión de las Comunidades Autónomas (el desvío presupuestario en el cumplimiento de los objetivos de déficit con Bruselas es,ante todo, de las Comunidades Autónomas).
Pretende que seamos los Ayuntamientos y los ciudadanos quienes abonemos los intereses de los préstamos que las entidades finaniceras reciben al uno por ciento y nosotros pagaremos al cinco.
El Gobierno nos obliga a acogernos a este Plan de Pago a Proveedores cuando si la Junta de Comunidades nos ingresase la deuda que mantiene con nosotros (más de 8,5 millones de euros), ni tendríamos que acogernos a este Plan de Pago, estaríamos al corriente con las nóminas de los trabajadores, no tendríamos que haber acudido a operaciones de tesosrería y nos permitiría mantener algo de ahorro.
Aquí está el verdadero problema de lo que nos ocurre. El Estado debería haber obligado a las Comundades Autónomas a acogerse a una medida parecida para que pudiese pagar a los Ayuntamientos lo que nos aeduda. Así los intereses correrían de su cuenta y nosotros estaríamos al día con los pagos a proveedores y trabajadores.
Entiendo que para el Gobierno es más sencillo diferir la deuda entre más de ocho mil Ayuntamientos que entre diecisiete Comunidades Autónomas.
Al final siempre salimos perdiendo los mismos.
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